Modelo de Prevención de Delitos: efectivo, no de papel.

Es el sistema de reglas, controles, responsables y evaluaciones que una empresa adopta para prevenir, detectar y reaccionar ante los delitos del catálogo de la Ley 20.393, reformada por la Ley 21.595. Su existencia, idoneidad y efectividad son la principal vía para excluir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa.

No existe una obligación general ni una multa por no tenerlo. Pero desde el 1 de septiembre de 2024 la empresa responde penalmente por un delito del catálogo cuando su comisión se vio favorecida por la falta de un modelo adecuado y efectivamente implementado. En la práctica, el costo de no tenerlo es penal.

Que el modelo, proporcional al giro, tamaño, complejidad y recursos de la empresa, considere cuatro elementos: identificación de las actividades con riesgo de delito; protocolos de prevención y detección con canal de denuncias y sanciones internas, incorporados a los contratos; uno o más encargados de prevención con independencia y facultades reales; y evaluaciones periódicas por terceros independientes.

Ya no como antes. La Ley 21.595 eliminó la certificación ante entidades registradas en la CMF y la reemplazó por evaluaciones periódicas realizadas por terceros independientes. La ley pide evaluación, no un sello.

El modelo debe contemplar uno o más responsables de aplicar los protocolos, con independencia, facultades efectivas, acceso directo a la administración y recursos proporcionales al tamaño de la empresa. Si no justifica un cargo dedicado, la función puede ejercerse de forma externa, siempre que tenga autonomía y acceso reales.

Sí, y el estándar escala. El artículo 4 mide el modelo contra el giro, el tamaño, la complejidad y los recursos de cada empresa. Una pyme no necesita la burocracia de una multinacional, pero sí una matriz de riesgos, protocolos que funcionen y evidencia de que se aplican.

Si el modelo era adecuado y estaba efectivamente implementado, la empresa queda exenta, porque la comisión del delito no se vio favorecida por su falta. Además, adoptar medidas eficaces de prevención antes de la formalización de la investigación es una circunstancia atenuante. La evaluación la hacen los tribunales, caso a caso.

Sí. Según ChileCompra, la existencia de programas de integridad debe considerarse como criterio de evaluación en las bases de licitación. Además, la inhabilitación para contratar con el Estado que contempla la Ley 21.595 es causal de inhabilidad en el Registro de Proveedores. Y muchas grandes empresas trasladan la exigencia a sus proveedores por contrato.

Depende del tamaño de tu empresa, de cuántos procesos y proveedores están expuestos y de si ya tienes un modelo anterior que actualizar. Cada etapa se cotiza con alcance y plazos por escrito antes de empezar, y la conversación inicial no tiene costo.

Porque la ley pide que la evaluación la haga un tercero independiente, y quien diseña e implementa un modelo no puede evaluarlo con independencia. Dejamos el modelo y su evidencia listos para la evaluación y coordinamos con un evaluador.

Son dos modelos distintos: el de delitos responde a la Ley 20.393 y ante los tribunales; el de infracciones responde a la Ley 21.719 y ante la Agencia de Protección de Datos Personales. Comparten procesos, riesgos, proveedores, canal de denuncias y documentación, por eso conviene levantarlos una sola vez.